La Presidencia de la República presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo (LFT) con la intención de mejorar el acceso de los trabajadores con menores ingresos a una casa.

En este blog abordaremos qué contempla esta propuesta y lo que se busca lograr con estos cambios.

La iniciativa

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 13 de diciembre la iniciativa de reforma que propone modificar el artículo 42 de la Ley del Infonavit para destinar recursos a la adquisición de terrenos e inmuebles para la construcción de vivienda.

Con ello, se daría acceso a un hogar a las personas trabajadoras mediante arrendamiento social, ofreciendo las casas que se construyan o que sean recuperadas.

Añade como objeto del Instituto la construcción de vivienda, para lo cual se constituiría una empresa filial que no sería considerada entidad paraestatal y gozaría de capacidad de gestión propia en términos del derecho privado.

El Infonavit, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, podría destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias a la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del Instituto y destinados a vivienda de los derechohabientes, garantizando en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de créditos a derechohabientes.

Por otra parte, añade que al cumplir un año de cotización continua los trabajadores tendrían el derecho de participar en el programa de arrendamiento que se encuentre cerca de su centro de trabajo, así como en los programas de opción de compra de dichas viviendas.

Sobre los esquemas de arrendamiento social, señala que las personas tendrían derecho a utilizar su subcuenta de vivienda como mecanismo de garantía. 

Por otro lado, prohíbe que las casas se usen para fines distintos a su habitación, así como darla en subarrendamiento, y que la enajenación de vivienda a favor de los derechohabientes daría preferencia a aquellas que no cuenten con vivienda propia.

Respecto de la LFT, se fija que los salarios mínimos no podrían ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos de rentas del Infonavit destinadas al arrendamiento social, y dichos descuentos no podrán sobrepasar el 30 por ciento de estos ingresos.

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La representación 

La reforma también propone fortalecer la representación del Gobierno Federal en los comités del Infonavit, homologando su gobernanza con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y manteniendo su estructura tripartita con 30 miembros en la Asamblea General y 12 en el Consejo de Administración, incorporando al director general a ambos cuerpos. 

También modificaría el nombramiento del director general de Infonavit, que sería elegido directamente por la presidenta de la República, en lugar de la asamblea general como se tiene actualmente.

Las metas a cumplir

De acuerdo con el director del Infonavit, Gustavo Romero Oropeza, en los últimos 10 años no se ha construido vivienda para los trabajadores de menos ingresos (menos de dos salarios mínimos) por lo que actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes que son elegibles para acceder a un crédito, pero no pueden encontrar viviendas acorde a sus capacidades económicas.

El proyecto busca construir hasta 1 millón de viviendas sociales para trabajadores, de las cuales 500 mil estarían a cargo del Infonavit mediante la creación de la empresa filial constructora. 

La meta es edificar 120 mil viviendas nuevas en 2025, así como 100 mil mejoramientos y 120 mil escrituraciones en el Estado de México.

Aprobación y discusión

La iniciativa fue enviada al Senado, donde se aprobó con 68 votos a favor y 29 en contra; siendo enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.

Sin embargo, tras consultas con empresarios y sindicatos, se suspendió en San Lázaro la aprobación de las reformas a la Ley del Infonavit y a la LFT.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, informó que se escucharon las objeciones de los empresarios y sindicatos y que la reforma entrará a un periodo de reflexión, posponiendo la discusión para 2025.

Fuentes: Senado de la República, El Financiero, La Jornada y Expansión.